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Con el apoyo de Pinedo y Pichetto buscan sancionar la difusión de escuchas

Política

15/04/2018 Senado

Con el apoyo de Pinedo y Pichetto buscan sancionar la difusión de escuchas

La sesión fue acordada entre los principales bloques de la Cámara alta para el miércoles 18 a las 14 y estará cruzada por la discusión de tres iniciativas que introducen reformas a la Justicia Nacional y Federal, entre las que se destaca un régimen para evitar que las escuchas judiciales sean filtradas a la prensa.

Por Diego Guglielmone

El proyecto lleva la firma del peronista salteño Rodolfo Urtubey y cuenta con el respaldo del jefe de la bancada del interbloque Argentina Federal, Miguel Angel Pichetto, y por el presidente Provisional del Senado, el macrista Federico Pinedo.
La decisión de afianzar la cadena de custodia alrededor de las escuchas ordenadas por la justicia había sido hablada por Pinedo y Pichetto durante las múltiples reuniones parlamentarias que mantuvieron y la decisión de resolver la cuestión se hizo más urgente a medida que se iban conociendo diálogos entre la ex presidenta y actual senadora bonaerense, Cristina Fernández de Kirchner, y su ex secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli.
Sanciona la filtración de escuchas judiciales con hasta cuatro años de prisión y prevé someter a juicio político a jueces y fiscales que faciliten su difusión.
El expediente que fue respaldado por todas las bancadas, a excepción de la de Unidad Ciudadana en la que participa Fernández de Kirchner, responsabiliza a los funcionarios judiciales, así como a los encargados de participar de la realización de las escuchas, y deja a salvo de las sanciones a quienes las difundan como un hecho periodístico, para salvaguardar la libertad de prensa.
Además, se le impone a la Dirección de Escuchas Judiciales la necesidad de tener una cadena de custodia muy estricta y de la confección de un protocolo que deberá ser aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la cual depende.
También se les requiere una serie de obligaciones a las empresas de telecomunicaciones que reciben las órdenes judiciales para llevar a cabo los procedimientos.
El proyecto establece un régimen de responsabilidad para todos los que intervienen en la operación, incluyendo a los jueces y a los fiscales.
Además, las escuchas no podrán extenderse por más de treinta días, a menos que haya una orden judicial para su próroga.
Las sanciones previstas en la norma van desde la “falta grave administrativa” hasta los cuatro años de prisión y establece, en el caso de magistrados y funcionarios judiciales, la posibilidad de ser acusados por mal desempeño en sus funciones y pasibles de juicio político.
La violación a las normas de la cadena de custodia, sin importar si eso genera una filtración, será considerada como “falta grave administrativa”.
Asimismo, serán castigados con penas de prisión de entre seis meses y dos años quienes “obligados a guardar el secreto sobre la información” violaran ese deber de confidencialidad.
Finalmente, se penará con prisión de dos a cuatro años a quien “a sabiendas, divulgare, comerciare o entregare para su difusión” las escuchas.
Si el responsable fuera un funcionario público, además, se lo inhabilitará de manera especial.
Otro de los temas que será debatido en la sesión del miércoles, y que ya fue aprobado por la Cámara baja y dictaminado sin cambios por el Senado, es un nuevo régimen de subrogancias para jueces que se explaya sobre la designación de conjueces.
La iniciativa fue aprobada por Diputados en noviembre del año pasado y respaldada en la Comisión de Justicia de la Cámara alta.
El proyecto fue impulsado por el Poder Ejecutivo luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara inconstitucional el sistema ideado por el kirchnerismo en 2015.
Según esa iniciativa, los nombramientos de conjueces y de jueces subrogantes no requerían de acuerdo del Senado, como sí ocurre con el resto de los funcionarios judiciales.
El proyecto actual fija el modo de cubrir las vacantes transitorias en los tribunales inferiores que integran el Poder Judicial.
Finalmente, será debatido un proyecto que actualiza el nuevo Código Procesal Penal sancionado durante el gobierno de Cristina Kirchner, pero cuya puesta en marcha fue suspendida durante el mandato de Mauricio Macri.
La iniciativa actualiza el Código introduciendo en su texto cuestiones penales aprobadas en los últimos meses, como flagrancia, arrepentido, juicio unipersonal, técnica de investigación, protección de víctimas de delitos, libertad condicional y responsabilidad penal empresaria.
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